En el marco del Examen Periódico Universal sobre Venezuela que realizará el Consejo de Derechos Humanos este 2011, la Comisión de Derechos Humanos de la Mesa de Unidad Democrática venezolana y la Organización no Gubernamental “Observatorio de la Justicia”, tuvimos el gusto de someter información importante a la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, entre otra, la siguiente:
1. La Falta de autonomía e independencia del Poder Judicial y uso del sistema de Administración de Justicia para la persecución de la disidencia:
2. Violaciones a la Inmunidad Parlamentaria
3. Casos de venezolanos en el exilio
4. Caso de presos políticos venezolanos
En Venezuela, la violación de los Derechos Humanos tiene una de sus principales aristas en la falta de aplicación del debido proceso como principio fundamental del derecho adjetivo penal.
Existen en nuestro país serias dificultades que entraban la plena realización de la defensa y promoción de los derechos humanos de primera generación, generando persecución y prisión política, así como criminalización de la disidencia.
En Venezuela, el estado de Derecho ha sido conculcado por la violación del principio de separación de los Poderes. Esta situación se evidencia en acciones concretas emanadas del Poder Ejecutivo.
Desde el arribo de Hugo Chávez a la presidencia de la República, en Venezuela han sido constantes las violaciones al Estado de Derecho. La utilización del secuestrado Poder Judicial para la persecución de la disidencia política, ha sido la norma. Una serie de jueces y fiscales que no gozan de ninguna estabilidad en sus cargos, se han convertido en el arma predilecta del Poder Ejecutivo, para sancionar a aquellos que se atrevan a disentir del Gobierno. En este sentido, por motivos netamente políticos, han sido encarcelados y perseguidos dirigentes estudiantiles, sindicales, periodistas, líderes de partidos políticos y ciudadanos comunes que de alguna manera se han opuesto al accionar totalitario del gobierno de Hugo Chávez.
Los operadores del sistema de justicia que se nieguen a detener o perseguir a los disidentes políticos, inmediatamente son separados de sus cargos, sin ningún tipo de proceso, o hasta son encarcelados, tal como ocurrió en el caso de la juez María Lourdes Afiuni.
Acudimos ante este reconocido Comité de Derechos Humanos de la ONU, en vista de que en nuestro país es imposible que obtengan justicia los disidentes sobres los cuales pesan estos injustos e ilegales procesos judiciales. La propia presidente del Tribunal Supremo de Justicia ha manifestado públicamente no creer en el principio democrático de la separación de poderes. Habiéndose agotado la vía interna, sólo queda como opción acudir a las instancias internacionales para poder hacer respetar los derechos humanos de los presos, perseguidos y exiliados políticos venezolanos.
